Tráfico de armas: una historia de éxito

Nota

El tráfico de armas a través de la frontera México-Estados Unidos es un tema añejo en la relación bilateral. La semana pasada, el canciller mexicano se reunió con el subsecretario para asuntos del hemisferio Occidental, Michael Kozak para dialogar, entre otros asuntos, sobre el tema. Se trata de uno de los diferendos más importantes entre los dos países y en el que Estados Unidos mantiene la voz decisiva en función de sus intereses. Al interior, libre adquisición y portación de armas; hacia el exterior, cero controles. Lo que importa es el negocio. En México, hay fuertes restricciones legales para la adquisición y portación, y una nula capacidad para evitar el trasiego, venga del norte o del sur.

Así, el contrabando de armas se fomenta desde el país anglosajón (y desde México por los grupos criminales), ante una ausencia de políticas de control armamentista que tiene una base en el conservadurismo político estadounidense y sus grupos adalides, como la Asociación Nacional del Rifle, que en repetidas ocasiones ha boicoteado cualquier iniciativa para regular y controlar la producción y venta de armas.

Es decir, en México el tema se discute desde el incierto terreno de la contención, que más bien parece expectación, y en Estados Unidos, el tema se dirime entre negocios, hipocresías políticas, y conservadurismo extremo. La historia de los acuerdos bilaterales data de, por lo menos, dos décadas de diálogo, en los que ha habido “grandes” acuerdos y operativos binacionales. El primer acuerdo surgió en 2002, en el marco de la Alianza para la Frontera México – Estados Unidos, en el que ambos gobiernos suscribieron los “Compromisos de Monterrey” con el objetivo de crear una frontera inteligente mediante herramientas tecnológicas que facilitaran la detección de artículos de contrabando; intercambio de información sobre personas y mercancías; y operativos conjuntos. Un par de años más tarde, en 2005, el gobierno de George W. Bush, aprobó la iniciativa de Fronteras Seguras, destinada a organizar las cuatro entidades que operarían, desde ese momento, la seguridad fronteriza en Estados Unidos: Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (United States Customs and Inmigration Services, USCIS), y la Guardia Costera (United States Coast Guard , CG)1. Sin embargo, en ningún plan de acción de esas instituciones se consideraron los operativos binacionales o compartir información con México. El objetivo específico fue el control migratorio, particularmente después de los atentados terroristas ocurridos en 2001 contra las torres gemelas en Nueva York.

Frente al nuevo escenario, en 2007 el congreso estadounidense aprobó la Iniciativa Mérida como mecanismo de cooperación en materia de seguridad. Los objetivos centrales fueron combatir el tráfico de drogas, la delincuencia transnacional y el lavado de dinero, a través de transferencia de tecnología y capacitación en materia de seguridad2. En ese marco, se consideró que la reducción en el tráfico de armas sería uno de los efectos deseados, al reforzar las capacidades de seguridad fronteriza.

La Iniciativa Mérida sirvió de fundamento para que, en 2009, se acordara uno de los “grandes” operativos binacionales: el operativo denominado “Rápido y Furioso” (Fast and Furious) en el que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosivos, ATF), en cooperación con algunos vendedores de armas, supuestamente rastrearía armas a compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de grupos criminales en México. Si bien el objetivo era seguir el rastro de esas armas como señuelos de las operaciones de tráfico de armas, el resultado fue que se perdió el rastro de cerca de dos mil armas de fuego y que algunas de éstas aparecieron en 2011, en escenas de crímenes contra agentes de seguridad de Estados Unidos en México, sin que se generara la información que se pretendía sobre grupos y rutas.

A una década de “Rápido y Furioso”, en 2019 se acordó de nueva cuenta implementar otro de los “grandes” operativos para frenar el tráfico de armas. Se trató del operativo, denominado “Frozen” (congelamiento), que se diseñó para frenar el tráfico de armas a través del incautamiento en puntos de inspección en cruces fronterizos, particularmente en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. “Frozen” surgió como una petición del gobierno mexicano, después del fallido operativo Culiacán, donde se encontró que, como sucede en la mayoría de ocasiones, las armas de los grupos criminales provenían de Estados Unidos.

A pesar de que han pasado un par de décadas de esfuerzos por mitigar el tráfico de armas, en México no hay datos sistematizados sobre la compra, venta, pérdida o robo de armas y en Estados Unidos no se ha aprobado ninguna ley que regule el uso y portación de armas, a pesar que se han registrado por lo menos cincuenta masacres en escuelas, perpetradas por menores de edad, con armas adquiridas en línea o en armerías, sin ninguna regulación o control previo. Tampoco ha realizado acciones significativas para evitar la salida ilegal de esas armas hacia México.

En México, se reconoce que ha aumentado el número de armas, considerando que se ha incrementado el número de delitos cometidos con armas provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la reunión bilateral México-Estados Unidos de septiembre 2019, el 70% de los delitos cometidos con arma de fuego, fueron efectuados con armas provenientes de Estados Unidos. Se estimó que cada día entran a México 567 armas de fuego ilegales y que en los últimos diez años habrían ingresado 2.5 millones3.

Similar a esa estimación, el centro de investigación estadounidense, Center for American Progress, señaló que de 2011 a 2016, se contrabandearon, alrededor de 213,000 armas4 lo que representaría, el ingreso diario de 632 armas.

Sin embargo, hay otras estimaciones, en polos opuestos a estos promedios. Mientras que, centros de estudio como el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego señala que se traficaron, 231 armas diarias, entre los años 2010 y 2012, hay otras estimaciones de algunos ex funcionarios mexicanos que señalan que, diariamente ingresan un promedio de 2,000 armas a México por la frontera con Estados Unidos5.

En suma, no hay información estadística homogénea y real, respecto del número de armas que ingresan a México desde Estados Unidos.

La proliferación del uso de armas de fuego es una problemática en crecimiento que, sumada a otras como las fallidas estrategias de combate a la delincuencia organizada, la debilidad de las instituciones de seguridad y la ausencia de resultados de los operativos binacionales, agrava la situación de inseguridad y violencia que vive México.

Para diseñar políticas binacionales con mayor oportunidad de éxito, deberían existir algunas condiciones mínimas:

México debería reconocer y asumir su responsabilidad en el tráfico de armas y, en ese sentido, fortalecer los operativos de decomiso (sobre todo en los estados fronterizos); así como generar estadística real y actualizada respecto al ingreso de armas a México, para aprovechar la información criminalística. De esta forma, podrían identificarse los mecanismos por los cuáles ingresan estas armas al país, para diseñar estrategias que atiendan aspectos más específicos como rutas, traficantes conocidos y puntos de venta del mercado ilegal.

Adicionalmente, México debe fijar ante Estados Unidos una postura contundente a favor de un mayor control de armas, y exigir un compromiso real por parte del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de armas. Para tal efecto, se debería condicionar a otros aspectos de cooperación y así fortalecer el tema en la agenda.

Se debe avanzar hacia una agenda realista del tema, en ambos países. Mientras que las modalidades de tráfico de armas son cada vez más innovadoras y recurrentes, los acuerdos siguen siendo anquilosados e ineficaces. Si el tema se mantiene como una herramienta de intercambio político, no se atacará la problemática y se mantendrá la inercia de firmar acuerdos y programas de colaboración llenos de intenciones y vacíos en resultados, mientras los traficantes siguen gozando del éxito que implica el negocio de traficar armas en este continente.

* Pilar Déziga (@PilarDeziga) es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público en temas de seguridad fronteriza, derechos humanos y política migratoria entre México y Estados Unidos en el Consulado de México en Douglas, Arizona. Colaboró en la Embajada de Canadá en México en el área de inmigración. Adicionalmente, formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia para la prevención del robo de hidrocarburos en México. Cuenta con cursos de especialidad en temas de Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Relaciones bilaterales México – Estados Unidos.