Chihuahua sube la intensidad de la guerra por el agua

Nota

CHIHUAHUA, CHIH. La disputa por el agua en la entidad alcanzó este año niveles de violencia: productores agrícolas de varios municipios agredieron a personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a efectivos del Ejército cuando las autoridades intentaron, en distintos episodios, sacar el líquido del estado.

La autoridad pretende cumplir con el Tratado Internacional de Aguas, firmado en 1944 con Estados Unidos, que obliga a México a entregarle al país vecino 431 millones 721 metros cúbicos del líquido por año. El problema, de acuerdo con campesinos y productores de varios municipios chihuahuenses, es la falta de información sobre la cantidad que ya se le ha entregado al país vecino.

Para evitar la extracción de agua, a lo largo de este año estos productores han tomado las presas, quemado vehículos de la CONAGUA y bloqueado carreteras; y el domingo 19, efectivos de la Policía Militar que resguardaban la presa Francisco I. Madero (conocida como Las Vírgenes), dispararon balas de goma contra los agricultores.

La presión de los agricultores ha evitado que la CONAGUA siga extrayendo el líquido. El organismo se comprometió el pasado febrero a no sacar más agua de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, pero no cumplió su palabra y aprovechó el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus: el 25 de marzo abrió las compuertas de ese embalse y la gente, enardecida, incendió vehículos oficiales y tomó carreteras.

Por la presión de los agricultores de los distritos de riego de la región, apoyados por algunos legisladores federales y locales panistas y priistas, la directora de la CONAGUA, Blanca Elena Jiménez Cisneros, y el delegado de los programas Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, han cambiado su versión: además del pago a Estados Unidos, aseguraron que llevarían el agua a Tamaulipas y Nuevo León, pero en junio se desdijeron y acusaron a los opositores de tergiversar la información y dar un matiz político al problema.

Y después de la última confrontación de agricultores con la Policía Militar, el domingo 19, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, le pidió al gobierno federal que investigue el “aguachicoleo”, pues a lo largo de la cuenca del río Conchos hay mucho “aprovechamiento irregular”, están “popoteando” todo el corredor, dijo.

“Es muy importante combatir el ‘aguachicoleo’ porque ahí está un volumen de decenas, quizá cientos de millones de metros cúbicos de agua que se están tomando de manera indebida y es una obligación de la Comisión Nacional del Agua actuar”, agregó el gobernador.

El martes 21, representantes de los distintos distritos de riego se reunieron con Corral para pedirle que intervenga ante el gobierno federal.

El miércoles 22, al salir de una reunión con el gobernador, Salvador Alcántar, líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), dijo a medios locales: “En este momento estamos obligados (los representantes agrícolas de la cuenca del Conchos) a ser solidarios con Corral”.

El líder de la Aurech informó que uno de los acuerdos es que Corral solicitara que el pago de agua del tratado para este año se demore hasta la fecha límite, el 24 de octubre, como lo estipula el acuerdo, para hacer un recuento de las cifras que manejan Estados Unidos y México.

“Queremos cuentas claras, porque la CONAGUA nos está engañando: ¿dónde quedaron los volúmenes que se trasvasaron de las presas de enero a marzo, que son alrededor de 385 millones de metros cúbicos. No hay transparencia en esa información” añadió Alcántar.

En un comunicado difundido el mismo miércoles 22, Corral aseguró que un acuerdo con la Aurech es bajar de 22 a 16 metros cúbicos por segundo la extracción de agua de la presa Luis L. León, El Granero, en el municipio de Aldama.

Cambios de discurso

El pasado enero la CONAGUA ordenó vaciar la presa El Granero. Los agricultores se adelantaron para tomarla y evitar la extracción de agua.

Los productores aseguraron, en las redes sociales, que las autoridades estaban vaciando la presa y publicaron imágenes de algunos ángulos de la misma; el director local de la CONAGUA, Antonio Baldemar Méndez, negó la extracción y mostró imágenes de otro ángulo del embalse para informar que estaba a 73.3% de su capacidad, lo que garantizaba el riego para el distrito de Ojinaga.

La situación se calmó temporalmente. El 11 de febrero apareció de nuevo una columna de la Policía Militar para rodear la presa La Boquilla. Miles de agricultores y productores de la región centro sur del estado retiraron, violentamente en algunos momentos, a los uniformados.

Legisladores panistas, priistas y de otros partidos, así como alcaldes de la región, se sumaron a los productores. Varios de ellos habían ignorado en el pasado señalamientos y denuncias de sobreexplotación de pozos, extorsión del gobierno para el despojo de terrenos y falta de transparencia del pago de agua a Estados Unidos. Pero esta vez se unieron, ocuparon caminos y resguardaron la presa.

Corral y los productores lograron que Jiménez, titular de la CONAGUA, se comprometiera a no abrir las compuertas de la presa antes del comienzo del ciclo agrícola, en septiembre. Pero la advertencia de los pobladores de la región es clara: no permitirán que saquen agua de ese embalse, porque no fue diseñada para el pago al que se comprometió México con Estados Unidos en el tratado.

La CONAGUA hizo público ese acuerdo y denunció que “personas ajenas a la dependencia”, habían forzado la entrada de una de las presas para ocupar las instalaciones.

En aquella ocasión Jiménez declaró a los medios que el agua de La Boquilla, que almacena la que llega de manera natural, sería para Tamaulipas porque a esa entidad “le llegaba el agua por el río, le ponen una presa y ya no llega. Y un estado no puede decir: ‘No le doy agua a otro estado’”.

La titular de la CONAGUA aseguró que los agricultores de Chihuahua se oponen a enviar el agua a Tamaulipas y Nuevo León, por lo que no se pueden hacer transvases para iniciar el pago de la deuda.

El 25 de marzo, cuando la gente se había confinado por la pandemia, llegaron de nuevo los efectivos de la Policía Militar para resguardar La Boquilla; los agricultores salieron a manifestarse.

La CONAGUA rompió el acuerdo y de manera simultánea el delegado de los programas Bienestar declaró en esa ocasión que además del pago del tratado, el agua es para consumo humano en Tamaulipas y Nuevo León, y calificó de inhumano que Chihuahua les niegue el líquido.

Enfurecidos, los manifestantes quemaron vehículos oficiales de la CONAGUA y de la Comisión Federal de Electricidad.

En junio hubo otro altercado en la cabecera de Ojinaga, cuando la CONAGUA intentó de nuevo extraer agua de El Granero, que abastece también a productores de esa frontera.

Los agricultores tomaron el puente internacional de Presidio, Texas, y la caseta de peaje de la carretera a Chihuahua. Retuvieron hasta la madrugada a Loera de la Rosa en el Palacio Municipal, incendiaron su vehículo y otras dos camionetas oficiales. El funcionario federal denunció los hechos ante la Secretaría del Bienestar para que interpusieran la denuncia correspondiente.

Loera negó que el agua fuera para Tamaulipas y culpó a quienes usaban ese argumento de dar un uso político al problema y generar confusión para sacar “raja política”.

La CONAGUA informó que el Comité Nacional de Grandes Presas consideró que se debía efectuar la extracción para alcanzar los niveles de seguridad requeridos y contar con los márgenes adecuados para el manejo de posibles escurrimientos. Los productores desmienten eso y ya no confían en la dependencia, por lo que han exigido trasparencia e información comprobable para llegar a acuerdos.

Tratado internacional

Según la CONAGUA, México tiene un retraso de entrega del ciclo anterior (20102015), es decir un adeudo de 200 millones de metros cúbicos con Estados Unidos.

La dependencia pensaba pagar este año la cuota, durante el invierno desde las presas mencionadas, pero el plazo para el pago vence el próximo 24 de octubre. Los productores han solicitado esperar a que pase el ciclo agrícola, que concluye en septiembre, porque con la temporada de lluvias se abona con el agua de los escurrimientos.

La presa La Boquilla existía desde antes de la firma del tratado, pues terminó de construirse en 1916. El Granero fue erigida en 1968 y Las Vírgenes, en 1949.

El tratado de 1944 contempla como fuentes de abasto de agua natural los ríos Bravo y Colorado. Establece que Estados Unidos debe aportar mil 850 millones de metros cúbicos anuales a México y nuestro país debe dar 431 millones 721 mil metros cúbicos a Estados Unidos, en entregas quinquenales.

La estrategia de la CONAGUA es desfogar cuatro presas: de Chihuahua, La Boquilla, con 130 millones de metros cúbicos, y El Granero, con 100 millones; 150 millones de la presa tamaulipeca Marte R. Gómez; y 100 millones más de la Venustiano Carranza, en Coahuila.

Con esos trasvases se daría 37% del agua de riego que requiere Tamaulipas y se aseguraría el ciento por ciento de lo que necesita Chihuahua para el actual ciclo agrícola y 75% para 2021, según información del gobierno chihuahuense.

En el tratado, México se comprometió a entregar la tercera parte del agua del río Bravo, para llegar al total de casi 432 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años. La vigencia del tratado es indeterminada.

El ingeniero Rodolfo Antonio Ortega, experto en el tema, explicó en un video

–Defensa sustentable del agua del estado de Chihuahua–, que la entrega de agua del río Conchos al río Bravo ha sido excesiva.

Ortega detalló que 70% del agua superficial que llueve en el semidesierto de Chihuahua se ha exportado por gravedad desde la Sierra Madre a Sonora, Sinaloa y, por otra cuenca, a Coahuila. El total de agua que se va de Chihuahua es de 6 mil 990 millones de metros cúbicos anuales, “sin recibir nada a cambio ni pretender quitarle agua a nadie”.

Por las condiciones sociales de la Sierra Tarahumara los pueblos sufren hambruna, deterioro ambiental, deforestación, erosión severa del suelo, entre otros problemas, y esto urge a que se legisle el tema y que las instituciones intervengan para buscar un pago por derechos ambientales –bono verde– a estados colindantes beneficiados, para seguir dando agua de calidad, agregó el experto.

El pago sería para darlo a los pueblos originarios o para reconstruir el bosque, por ejemplo, indicó Ortega, quien dijo que el diagnóstico no es político.

El Consejo de la Cuenca del Río Bravo, que integra a gobiernos de los tres niveles, organizaciones, usuarios y ciudadanos, representa seis ríos o afluentes mexicanos: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, el arroyo Las Vacas de Coahuila y El Salado, de Tamaulipas.

Detalla que el artículo 4 del Tratado Internacional de Aguas indica que el volumen de los seis afluentes mencionados no será menor, en conjunto, en promedio y ciclos de cinco años consecutivos, de 431 millones 721 mil metros cúbicos anuales, que suman 2 mil 160 millones en el ciclo de cinco años. “El agua deberá ser medida al llegar al afluente del río Bravo”.

Acta 234

Loera de la Rosa reconoce que una parte de las primeras extracciones de las presas de Chihuahua este año iban a Tamaulipas y Coahuila, pero posteriormente se aplicó el Acta 234 del Tratado Internacional de Aguas, para que la totalidad fluyera para el pago de la cuota del quinquenio que vence el 24 de octubre.

El funcionario federal explica a Proceso que el tratado dice que del agua que entre por el cauce del río Bravo, y que se mide por las presas, la tercera parte va a Estados Unidos.

Sin embargo, debido a que el anterior ciclo quinquenal no se cumplió a cabalidad, este año se deberá pagar ese excedente y la cuota del quinquenio 20152020. Es por eso que se ha decidido aplicar el acta, que permite que el total del agua que se extraiga vaya directamente a Estados Unidos.